Aprovechándose de la fiebre por el bienestar proliferan los monitores sin conocimientos ni titulación que ofrecen sus servicios a un precio más bajo. Los expertos alertan de las lesiones que pueden provocar.

Este verano conocíamos la historia de una guía turística aficionada a quien la Comunidad Valenciana amenazaba con una multa de entre 100.000 y 600.000 euros por operar sin licencia. Imaginemos que alguien hiciera algo parecido, pero con consecuencias para nuestra salud. Está pasando: entrenadores personales sin titulación, monitores sin conocimientos, trileros de gimnasio, pícaros de bicicleta estática, chamanes del running y charlatanes de mancuerna están sacando el dinero a personas que no pueden —o no quieren— afrontar el pago a profesionales con estudios y experiencia. Les imponen ejercicios que, por desconocimiento, pueden provocar daños físicos.

Esta tendencia —si puede llamarse así— comenzó con la crisis. Muchas personas que se quedaron sin trabajo, habituales de los gimnasios, pensaron que conocían lo suficiente los métodos como para ganar algo de dinero entrenando primero a amigos, después a conocidos y más tarde a amigos de conocidos, hasta crear a su alrededor una cartera de clientes que ha terminado sosteniendo negocio.

Sus servicios son más baratos que los de los profesionales de verdad. Un entrenador personal cualificado puede cobrar 50 euros la hora; uno no cualificado puede ofrecerse a partir de 4 euros la hora, unos 35 al mes por dos horas a la semana. A estos últimos puedes verlos en los parques, machacando a abdominales a alguno de sus pupilos, o haciéndoles sudar a pleno trote; otros, más ambiciosos, han comprado cuatro aparatos de segunda mano, alquilado un garaje (al que llaman gimnasio), e imparten clases a espaldas (se supone) de sus ayuntamientos y al margen de impuestos, sin licencia de apertura ni seguro.

El ejercicio de las profesiones del deporte está regulado en seis comunidades autónomas —Cataluña fue la primera (en 2008), seguida de La Rioja (2015), Extremadura (2015), Andalucía (2016), Madrid (2016) y Murcia (2018)— y las normativas, aunque difieren en algunos puntos, coinciden en lo esencial. En líneas generales, la ley clasifica las distintas actividades del sector y otorga a cada una la cualificación necesaria para ejercerla. Como tales, reconoce las de monitor deportivo, entrenador deportivo, preparador físico (donde se engloba la de entrenador personal), director deportivo y profesor de Educación Física (por orden de menor a mayor categoría). Algunas tienen subdivisiones.

Para todas ellas se requiere una cualificación. Así, para el puesto de menor responsabilidad (monitor deportivo en Acondicionamiento Físico Básico), la Comunidad de Madrid en su Ley 6/2016, de 24 de noviembre, exige la titulación de Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva (TAFAD, un ciclo de dos años) o ser licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYDE, cuatro años). Para ejercer de entrenador personal es imprescindible estar en posesión del título de licenciado en CAFYDE.

Con ánimo de no dejar a nadie en la calle, la ley permite seguir trabajando a quienes no dispongan de titulación siempre y cuando acrediten una experiencia que, en los niveles más bajos (monitores y entrenadores deportivos), debe ser de 600 horas demostrables “fehacientemente con contrato laboral (…) o alta en autónomos”. Quienes, pese a todo, no puedan acreditar dicha experiencia, disponen de un plazo de seis años “para obtener la formación exigida”.

Los profesores sin titulación se benefician del creciente interés por el bienestar. Según el Anuario del Deporte 2018, del Ministerio de Educación, en 2017 el gasto medio por habitante en actividades deportivas fue de 107 euros al año; la cifra más alta desde 2008. Aunque resulta difícil cuantificarlo, al ser una actividad sumergida, existen datos reveladores acerca de la implantación del intrusismo. Según estudios del doctor Antonio Campos Izquierdo, profesor de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, un 40 % de las personas que trabajan en este ámbito no tienen ninguna titulación; solo el 30 % disponen de la cualificación requerida en la actualidad para ejercer las funciones que desarrollan. Según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2018, un 46,9 % de las personas que trabajan en el empleo vinculado al deporte no tiene estudios superiores.

Los profesionales del sector no conciben cómo alguien puede pretender saber lo mismo que ellos sin haber estudiado. “En los estudios se imparten conocimientos de fisiología, anatomía, biomecánica, planificación… Por mucho que se haya frecuentado un gimnasio, esa base no se tiene”, asegura Alicia Martín, presidenta del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid. Pero, al margen del intrusismo, preocupa el efecto que esa ineptitud puede tener en el cliente. “Cuando te planteas hacer una inversión económica para lograr un objetivo, si el profesional no es el adecuado no lo vas a conseguir”, advierte Martín. “Y ese es el menor de los problemas”.

Mucha gente empieza a entrenar para aliviar una patología, como dolor de espalda o de rodillas. Hay ejercicios que están contraindicados para estas y otras dolencias. “Corres el riesgo de que los ejercicios que estás haciendo, o la dosis de entrenamiento, no sean los adecuados para tu edad o tu estado físico y a corto plazo puedas sufrir una lesión”, alerta la presidenta del colegio madrileño. Poner a correr a alguien que tiene problemas de rodilla o a boxear a quien padece de la espalda son prácticas que pueden delatar a un profesor intruso.

Contactamos con una persona que ha sufrido una mala experiencia con un entrenador no cualificado. Es un hombre de 47 años que vive en una localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid, y nos pide que no revelemos su identidad. “Di con un monitor, amigo de mi hijo, fanático de la electroestimulación. Me dijo que era lo mejor para ganar fuerza en poco tiempo, y lo creí. Tiene un pequeño local con varios de estos aparatos. Ya en las primeras sesiones me sometió a un esfuerzo extremo que derivó en una rabdomiólisis, que se produce cuando se descompone el tejido muscular y eso libera una proteína que llega a la sangre. Me dolía todo el cuerpo y empecé a orinar oscuro. Acabé en urgencias, donde fui tratado con suero intravenoso para evitar insuficiencia renal. No lo denuncié porque era amigo de mi hijo y en este pueblo nos conocemos todos, y porque afortunadamente no pasó de un susto”.

Alberto (prefiere no dar su apellido) tiene 22 años y da clases sin titulación. Estudia un Grado de Nutrición Humana y Dietética y llena su tiempo libre ejerciendo de entrenador personal con cintas TRX en parques de la zona sur de Madrid. “Lo hago un poco por devoción”, se justifica. “Por eso el precio que pongo es bastante asequible: 10 euros la sesión [de una hora]. Llevo casi cuatro años entrenando. Hice un cursillo de entrenador personal, sin homologación. Pero lo importante es ponerse en buenas manos, con alguien que tenga conocimientos. He entrenado a amigos y están contentos. Lo tengo como un hobby, y así me pago los estudios y gano un dinero extra. Más adelante ya veremos si estudio la carrera de Educación Física”.

Estos entrenadores se saltan un proceso largo y lleno de burocracia por el que los profesionales deben pasar. Juan Ruiz López supo que quería ser entrenador personal cuando, a los 16 años, una lesión jugando al fútbol le descubrió el mundo de los gimnasios. Estudió INEF, cuando la carrera era de cinco años (ahora el CAFYDE, equivalente, es de cuatro). Una vez licenciado, realizó un Máster en Entrenamiento en Alto Rendimiento Deportivo por el Comité Olímpico Español. Encontró su primer trabajo como monitor en el gimnasio Palestra (Madrid), favorito de muchos actores, donde también podía ejercer de entrenador personal en sus horas libres. Cuando aquel centro empezó a flaquear, hace cuatro años, decidió montar el suyo propio.

“Me costó decidirme, porque debía invertir en un alquiler, en obra, en máquinas, materiales… Era un riesgo, podía no salirme bien”, recuerda. Arriesgó el dinero de su abuelo, su hermano, sus padres… Buscó un local, lo alquiló, solicitó la licencia de apertura al Ayuntamiento de Madrid. Paga el 21 % de IVA correspondiente a su actividad. “Entre impuestos y gastos generales se te va un 60 % de lo que facturas”, señala.

Desde hace tiempo Juan Ruiz asiste atónito a la proliferación entrenadores sin titulación. “Aunque hay gente que da clases en un garaje, lo habitual es que lo hagan al aire libre. Se llevan un TRX [una herramienta de entrenamiento que puede colocarse casi en cualquier sitio, incluso en un árbol] e imparten la clase. Entonces ni tienen el coste del alquiler, ni pagan la cuota de autónomos, ni otros impuestos… Hay mucha gente que se dedica a eso”, afirma Juan Ruiz López, quien incide la repercusión de su trabajo en la salud de las personas: “Si ponemos un ejercicio que está contraindicado para una patología, podemos provocar un daño”.

La ley establece sanciones de hasta 30.001 euros e inhabilitación de hasta dos años por “infracciones muy graves” (como carecer de seguro o poner en riesgo la integridad física de las personas a las que se entrena) y de hasta 3.001 e inhabilitación de hasta un año por “infracciones graves” (ejercer sin la cualificación obligada). “La ley no busca tanto el castigo como hacer pedagogía”, razona Alicia Martín. Las webs de algunos colegios profesionales albergan un apartado donde se pueden denunciar malas prácticas. La encrucijada es: ¿resulta contraproducente confiar en quienes solo saben lo que aprendieron como usuarios? Como dice Alicia Martin, “que te hayan operado muchas veces no significa que puedas ejercer de cirujano”.

 

Fuente: El País